La transición energética ya no es sólo un reto medioambiental. Para los países del Sur Global, y en particular para los miembros de la Alianza del Pacífico -Chile, México, Perú y Colombia-, representa una decisión económica, fiscal y social que definirá su competitividad, estabilidad macroeconómica y bienestar social durante las próximas décadas. El coste de la inacción ya no se expresa sólo en emisiones: se refleja en un menor crecimiento, un mayor riesgo financiero, presiones fiscales y tensiones sociales.
Justicia en transición: no es un atributo, es una condición de aplicación.
El documento demuestra que una transición energética sólo puede considerarse justa si puede llevarse a la práctica. La viabilidad depende de cuatro dimensiones que avanzan en paralelo:
- Transformación productiva, orientando el aparato industrial hacia sectores con capacidad de generar empleo, inversión y encadenamientos.
- Transformación energética, modernización de la matriz energética mediante renovables, electrificación y redes inteligentes.
- Transformación financiera, rediseñando los ingresos y gastos públicos para sustituir gradualmente los ingresos fósiles sin debilitar la inversión social y productiva.
- Transformación social, reducir la pobreza energética, proteger a los trabajadores en transición y evitar las brechas territoriales.
En los cuatro países analizados, ya existen sectores que pueden impulsar esta transformación -fabricación vinculada a las renovables, logística eficiente, servicios avanzados, construcción sostenible y agroindustrias modernas-, pero requieren políticas que aumenten su escala y articulación.
El coste macroeconómico de no moverse
El índice macroeconómico construido en la investigación muestra que aplazar la transición genera riesgos diferenciados según el país. Mientras que México dispone todavía de una ventana temporal para actuar sin mayores tensiones macroeconómicas, Chile y Perú ya están experimentando presiones más notables en la inversión y la balanza comercial. Colombia se enfrenta a la mayor exposición debido a su dependencia de las exportaciones y de los ingresos fiscales vinculados a los hidrocarburos.
Los escenarios sin arrepentimiento muestran que retrasar el cambio no preserva el statu quo. Con el tiempo, la deuda pública aumenta, el crecimiento se debilita y se reduce la capacidad fiscal para financiar la transición y la protección social. En otras palabras: actuar pronto cuesta menos que actuar tarde.
Pobreza energética: el punto de partida social
Incorporar la pobreza energética como criterio político modifica la concepción tradicional de la transición. El análisis revela que:
- Chile mantiene niveles altos y uniformes de acceso a la energía.
- México combina una alta cobertura con importantes carencias en conectividad y cocinas limpias.
- Perú se enfrenta a marcados rezagos en refrigeración, comunicación y entretenimiento.
- Colombia tiene un buen acceso básico, pero necesita mejorar la refrigeración, la conectividad y la calidad del servicio.
Estos resultados demuestran que la transición energética no sólo debe reducir las emisiones: debe mejorar el acceso al bienestar energético de los hogares y los territorios.
